Desde 2006 Fenadismer, con sus asociaciones territoriales, ha venido realizando una gran labor judicial para eludir las situaciones de ‘dumping’ y de imposición de precios temerarios en la contratación de los servicios de transporte que están sufriendo los transportistas, ante la falta de ayuda de las Administraciones Públicas.
Entre las demandas planteadas por las asociaciones territoriales de Fenadismer contra distintas compañías cargadoras (fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y agencias de transporte) ha sido fallida afirmativamente por el Tribunal Supremo a través de la sentencia de fecha 29 de febrero de 2012, que confirma el fallo dictado en su día por la Audiencia Provincial de Córdoba, la demanda planteada en su día por la asociación federada Usintra contra la multinacional Cunext Copper Industries. En dicha sentencia se condena a la compañía Cunext por "la conducta de la demandada de imponer a los transportistas precios de transporte por debajo de coste y al negarse a retribuirles por los tiempos de espera y los cambios de ruta" obligando a la compañía "a cesar en la mencionada conducta".
Según ha dicho Fenadismer, más de 150 transportistas cordobeses se movilizaron durante más de un mes en 2008 frente a la sede de la multinacional ante su actitud que, lejos de cumplir la sentencia, decidió despedir a más de un centenar de transportistas cordobeses que trabajaban en dicha fábrica, lo que hizo que la Junta de Andalucía tuviera que intervenir para desbloquear la situación.
Para Fenadismer es alarmante la tendencia actual del mercado del transporte motivado por la situación de desaceleración económica que hay en España junto a la subida del precio del gasóleo, lo que está empujando a la mayoría de las compañías del sector a trabajar en condiciones económicas precarias, percibiendo por sus servicios prestados contraprestaciones económicas que no sólo no permiten tener una mínima rentabilidad, sino ni siquiera cubrir los costes directos del servicio.
Así, Fenadismer ve la necesidad de fijar un sistema que garantice que el transportista perciba un precio mínimo que le permita al menos cubrir sus costes, sancionando a aquellas conductas que induzcan a incumplir dichos objetivos, que se consideran básicos para una regulación ordenada y leal del sector y por su incidencia directa en la seguridad vial. Tales costes mínimos ya están calculados y actualizados por el Ministerio de Fomento mediante la aprobación y publicación trimestral del Observatorio de Costes que analiza la estructura de costes para 15 categorías distintas de vehículos de transporte, estableciendo por cada uno de ellos un precio mínimo que posibilite cubrir al menos sus costes.
Fenadismer va a proponer, con ocasión de la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el establecimiento de un sistema sancionador que penalice el incumplimiento de la contratación de servicios de transporte sin cubrir los costes mínimos, apoyándose en las estructuras de costes de explotación de los diferentes tipos de vehículos de transporte que se estudian en el Observatorio de Costes.
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