Los niveles medios de impago soportados por las empresas españolas crecieron un 55% en el primer trimestre de 2012 con respecto al mismo
periodo de 2011, según el índice de incumplimiento realizado por
Crédito y Caución.
El dato marca el tercer trimestre seguido de vuelta a la morosidad empresarial desde que su desarrollo cambió de signo en la segunda mitad de
2011.
De cara a 2012 no hay ninguna señal que posibilite el adelantar una caída en
estos niveles. España ha apuntado un desgaste del clima de impagos desde la última recesión y, dadas las
previsiones de contracción económica para 2012, se cree que el horizonte seguirá igual.
Las previsiones del estudio señalan que únicamente Dinamarca, Australia y Estados
Unidos conseguirán disminuir en 2012 sus niveles de insolvencia en el ámbito de los
mercados desarrollados. Japón, Nueva Zelanda o Noruega mantendrán sus
niveles actuales.
Crédito y Caución señala la necesidad de la empresa española de
abrirse y competir en los mercados exteriores, por lo que la compañía ha aumentado líneas de crédito a la exportación superiores al 10% en 2011. Este aumento se está prolongando en 2012 por las dificultades que atraviesa el
mercado interior.
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lunes, 7 de mayo de 2012
lunes, 30 de abril de 2012
Detenido un empresario que no pagó a la Seguridad Social durante más de una década
El empresario detenido era administrador de una empresa fundada en 2001 que, desde su constitución, tenía deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago. Por ello, tanto la sociedad mercantil como el administrador fueron embargados.
Sin embargo, sin propiedades a su nombre ni bienes que embargar, el empresario siguió con la actividad empresarial sin preocuparse de los pagos a la Seguridad Social.
La deuda subió de los dos millones de euros en marzo de 2012. Asimismo, los impagos correspondientes a 2007, 2008 y 2009 rebasaron el límite fijado por el Código Penal para su imputación por delito.
A estos delitos hay que sumar que el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos también solicitó el embargo sobre las supuestas ventas hechas a otra empresa que aparece como su casi exclusivo cliente y cuyo administrador es un trabajador de la primera.
Las investigaciones llevaron a la deducción de que la segunda empresa era una sociedad instrumental vigilada por el empresario detenido para eludir los embargos de su empresa, por lo que se considera responsable de un delito de insolvencia punible.
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