El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha manifestado que, antes de junio, el Gobierno va a presentar el proyecto de ley orgánica para el cambio del Código Penal. La modificación quiere endurecer los artículos del Capítulo II, Título XXII, que reglamentan los delitos de
orden público. Pretenden meter la "resistencia
pacífica" dentro de los "atentados a la autoridad".
El
Gobierno también quiere considerar un agravante de la
desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se haga en una
manifestación o concentración. Actualmente, éste es un delito menor
con una pena inferior a los seis meses de cárcel, aunque el Ejecutivo pretende que pase a ser penada entre uno y
tres años de prisión.
Otro de los cambios para el Código Penal será la de incorporar la "prisión provisional" en caso de atentado a
la autoridad.
El
portavoz en la Comunidad Valenciana de la asociación Jueces para la
Democracia, Ximo Bosch, afirma que no es necesario una modificación en el
Código Penal, ya que el actual articulado castiga
esas conductas delictivas. Piensa que incorporar la "resistencia pasiva" como un delito penal no sería aceptable.
Bosch quiere cambiar la legislación penal en otros ámbitos.
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