Se proyectan medidas para mantener en prisión a presos no rehabilitados

Después de varias revisiones del Código Penal, España aparece entre los países con una legislación penal más dura. Al endurecimiento que significó la reforma de 2010 se sumará una nueva, si se realiza el proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de poner una futura pena de "prisión permanente revisable" a los delitos de terrorismo. Esta podría mantener hasta 10 años más en la cárcel a presos que han cumplido sus condenas, si se piensa que no están rehabilitados.

En Europa se han dado medidas para responder a un problema de difícil solución: el tratamiento que deben percibir los asesinos en serie y pederastas que han terminado su condena y muestran un elevado grado de reincidencia. La obligación de ayudar a las probables víctimas ha hecho que se incluyan medidas adicionales, como la "libertad vigilada".

Ahora se quiere que el juez pueda aumentar la prisión hasta 10 años mientras siga el peligro, y no solo en el caso de asesinos en serie, sino también a condenados por otros delitos graves, como el tráfico de drogas.

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Aprobada la “licencia exprés” que autorizará la apertura de comercios en 24 horas

El Consejo de Ministros ha aprobado lo que se conoce como “licencias exprés”. Actualmente, el sistema se basa en las “licencias municipales”. El Ejecutivo quiere iniciar antes de verano el cambio para disminuir los plazos de apertura.

Pueden hacerlo pymes y franquicias, y se podrá dar a locales con menos de 300 m2 (aunque el Gobierno quiere ampliarlo).

La empresa tendrá que firmar una declaración en la que señale que cumple la normativa y añadirle un informe técnico expedido por un profesional autorizado. Así, podrá abrir al día siguiente de la presentación de la documentación y del pago de las tasas. Al ser una gestión que hace la propia empresa, la Secretaría de Estado de Comercio opta por llamarla de ”autolicencia” exprés. Al mismo tiempo, se iniciará un proyecto municipal de inspecciones.

Hasta ahora, un emprendedor que deseara abrir una tienda, tenía que pasar por un largo procedimiento. Así, el Gobierno quiere recobrar y estimular el sector del comercio.

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La discusión de los módulos para los transportistas autónomos

Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera, manifestó en la Asamblea general del 12 de mayo, en Madrid, que  estamos es recesión desde el año pasado; el aumento de ventas de 2011 es sólo una ilusión, provocada por el cambio del parque en el transporte frigorífico, la subida de los precios de los carburantes se acerca al 23% y se reafirman las previsiones de que el primer semestre de 2012 va a ser muy dificil.

De la Roza anunció que en el quinto año de crisis, el transporte de mercancías por carretera soporta una grave bajada de la demanda y de los precios, icrementada por el aumento de los costes de explotación y una carencia de financiación.

En estas circunstancias, los cargadores tienen una posición de dominio, aunque a juicio de Ovidio de la Roza, sólo es posible llevar este problema usando los instrumentos que la normativa pone a disposición de los transportistas, es decir, la Ley de Contrato de Transporte Terrestre, la Ley de Morosidad y el Reglamento de Condiciones Generales de Contratación.

Por otro lado, se ha iniciado un intenso debate en el seno de CONETRANS (Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera) y de la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías ) sobre la intención del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de quitar a los transportistas autónomos afiliados al régimen de módulos cuya facturación sobrepase los 50.000 euros, lo que en la práctica incumbiría a casi todo el colectivo.

El presidente de CONETRANS reiteró que esta organización no tiene aún una posición sobre el asunto,  ya que aún no se ha discutido en los órganos de gobierno. Sin embargo, si quiso destacar que el actual sistema de módulos hace mucho daño al sector.

Para terminar, De la Roza mencionó la fiscalidad que aguanta el sector y a la siguiente modificación de la LOTT (Ley de ordenación de los transportes terrestres) y su Reglamento, que fijarán qué clase de empresa deseamos, cómo será la entrada a la profesión y al mercado, y establecerá las normas sobre las cooperativas, la internacionalización y la intermodalidad, entre otros temas.

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Antes del mes de junio, el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha manifestado que, antes de junio, el Gobierno va a presentar el proyecto de ley orgánica para el cambio del Código Penal. La modificación quiere endurecer los artículos del Capítulo II, Título XXII, que reglamentan los delitos de orden público. Pretenden meter la "resistencia pacífica" dentro de los "atentados a la autoridad".

El Gobierno también quiere considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se haga en una manifestación o concentración. Actualmente, éste es un delito menor con una pena inferior a los seis meses de cárcel, aunque el Ejecutivo pretende que pase a ser penada entre uno y tres años de prisión.

Otro de los cambios para el Código Penal será la de incorporar la "prisión provisional" en caso de atentado a la autoridad.

El portavoz en la Comunidad Valenciana de la asociación Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, afirma que no es necesario una modificación en el Código Penal, ya que el actual articulado castiga esas conductas delictivas. Piensa que incorporar la "resistencia pasiva" como un delito penal no sería aceptable. Bosch quiere cambiar la legislación penal en otros ámbitos.

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